La justicia chilena y los dados cargados
- MV
- 27 mar
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¿Y si el Poder Judicial chileno, ese pilar que debería sostener la imparcialidad y la equidad, lleva décadas operando como un casino donde las causas mayores no caen por azar, sino por designios ocultos?
La sospecha no es nueva, pero los números y los casos recientes la convierten en una hipótesis (¿o tesis?) que exige ser enfrentada con urgencia. La discrecionalidad en la asignación de causas, especialmente las de alto impacto, podría ser más que una anomalía: un patrón estructural que mina la confianza ciudadana y perpetúa un sistema donde el dinero y el poder barajan las cartas.
Tomemos como punto de partida las causas Curauma, LATAM e Iquique, que, según denuncias públicas, terminaron en el 2° Juzgado Civil de Santiago pese a que el algoritmo de distribución aleatoria del Poder Judicial indicaba otros destinos (6°, 15° y 17°). La probabilidad de que esto ocurra por casualidad es de 1 en 9690, según cálculos basados en el número de juzgados disponibles. Es como sacar tres veces seguidas el mismo número en una ruleta con miles de casillas.
¿Coincidencia? Difícil de creer.
Y si esto pasa en casos visibles, ¿qué ocurre con los miles que no llegan a los titulares?
No hay estudios que cuantifiquen la frecuencia de estas “anomalías” en Chile a lo largo de los años, pero las señales son inquietantes. Informes como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido sobre la falta de transparencia en el sistema judicial chileno, y académicos como Javier Couso han señalado cómo la politización y las redes de influencia han permeado históricamente las instituciones judiciales. Desde el Régimen Militar hasta hoy, el nombramiento de jueces ha estado bajo el escrutinio de los poderes políticos y económicos, lo que sugiere que la asignación de causas podría ser una extensión de ese control discrecional.
Pensemos en los grandes casos de corrupción: SQM, Penta, Caval. ¿Por qué algunos terminan en manos de jueces conocidos por su rapidez para archivar o favorecer a ciertos actores? En 2015, el caso Penta reveló cómo empresas poderosas parecían encontrar siempre “jueces amigos”. No hay prueba definitiva de manipulación sistemática, pero el patrón es demasiado recurrente para ser ignorado. Si un sistema aleatorio puede ser burlado en casos de alto perfil, la probabilidad de que esto sea una práctica arraigada desde hace décadas crece exponencialmente.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) asegura que su algoritmo es imparcial, pero dice no tener registros (logs), no publica auditorías detalladas ni permite un escrutinio independiente. En países como España o Alemania, los sistemas de asignación están sujetos a controles estrictos y públicos; en Chile, la opacidad reina. Si sumamos a esto la falta de rotación efectiva de jueces en causas sensibles y la influencia de firmas de abogados con conexiones políticas —como los que representan a las partes beneficiadas en los casos mencionados—, el cuadro se torna sombrío. La discrecionalidad no sería una excepción, sino una norma tácita.
¿Cuál es la probabilidad real? La evidencia circunstancial apunta a un sistema donde al menos un 40% o 60% de las causas mayores podrían haber sido dirigidas con intencionalidad en las últimas décadas.
Basta ver la pasividad de la Fiscalía y la BRIDEC ante estas denuncias: nadie investiga, nadie rinde cuentas. Es un silencio que huele a complicidad. Es hora de exigir una auditoría independiente del algoritmo de la CAPJ, la publicación de estadísticas detalladas de asignación y una reforma que arranque de raíz cualquier discrecionalidad indebida.