El caso de Curauma S.A. no admite dudas: 20 remates fallidos no son un ejercicio de justicia, sino un robo descarado perpetrado con el aval de un sistema judicial que ha perdido toda legitimidad.
El 21º remate, programado para el 8 de abril próximo, no es un hecho aislado, sino la continuación de una trama deliberada para despojar a la empresa de sus activos.
El terreno de 535 hectáreas en Curauma, originalmente valuado en más de USD 44 millones, ha sido depreciado artificialmente a USD 7.9 millones tras 20 subastas frustradas. En el contexto de Valparaíso, una región con alta demanda de suelo urbanizable y oferta casi nula, una caída del 80% en su valor en una década carece de lógica económica. Esto no es un accidente: se trata de una manipulación evidente, diseñada para rebajar el precio y beneficiar a actores específicos.
Desde 2013, Curauma S.A. contaba con activos superiores a USD 500 millones —destacando el Fundo Las Cenizas, tasado en esa misma cifra y usurpado por Euroamerica Seguros de Vida — frente a una deuda de apenas USD 121 millones, mayormente fiscal (TGR). Con un patrimonio tan robusto, la quiebra resulta injustificable. Las 20 subastas no persiguen satisfacer a los acreedores; son un instrumento calculado para erosionar el valor del activo y rematarlo a precio de saldo.
Manuel Cruzat Infante lo respalda con evidencia: delitos informáticos denunciados desde 2013 y un síndico, César Millán Nicolet, señalado como cómplice. Las subastas —incluida la suspendida el 12 de febrero de 2025 y la próxima del 8 de abril— son una farsa destinada a favorecer a Euroamerica Seguros de Vida y otros involucrados.
¿Por qué llega el 21º remate el 8 de abril? Porque este proceso no es justicia: es un atraco planificado que utiliza las subastas como herramienta para saquear a Curauma S.A., con la complicidad de un sistema que lo permite.